La violencia de género sigue siendo una realidad devastadora en nuestra sociedad. En 2024, un total de 41 mujeres han sido asesinadas, una cifra que se eleva a 1.286 desde 2003. Es la manifestación más extrema de la desigualdad de género y constituye una violación de los derechos humanos.

Este año conmemoramos el 20 aniversario de la Ley Integral de Lucha Contra la Violencia de Género, aprobada en diciembre de 2004, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que trasladó al ámbito judicial la dolorosa realidad del machismo, a la que nadie hasta entonces se había atrevido a llamar por su nombre. Gracias a esta ley, en España dimos un salto cualitativo en la lucha contra la violencia de género, pues desde entonces se la considera una cuestión de Estado y obliga a movilizar recursos públicos en todos los niveles de la Administración.

La lucha no ha sido fácil y ha requerido el esfuerzo de muchas organizaciones feministas y el apoyo indispensable de las fuerzas progresistas. En ese camino hacia la igualdad, en el año 2017 se aprobó el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, impulsado por el PSOE, con 200 medidas y un presupuesto de 1.000 millones de euros.

Se trata de un pacto crucial para la erradicación de la violencia de género y debe renovarse con el consenso de todos los partidos políticos. En esta renovación, es fundamental prestar especial atención a mujeres rurales, con discapacidades, mayores y pertenecientes a colectivos vulnerables porque ellas encuentran más dificultades a la hora de pedir ayuda y acceder a los recursos para salir de la pesadilla en la que viven.

Además, gracias a la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, se ha puesto el consentimiento en mitad del Código Penal y se están desplegando centros de atención 24 horas para mujeres que sufren agresiones sexuales, donde se ofrece a las víctimas asistencia psicológica, jurídica y médica, incluso si no denuncian.

Cada mujer asesinada, cada niño o niña que muere a manos de su progenitor, cada agresión, cada insulto nos confirma en la necesidad de seguir construyendo desde las instituciones una sociedad igualitaria y libre de violencia, con la abolición de la prostitución y la erradicación de la trata con fines de explotación sexual, como objetivos esenciales. Por todas las mujeres, ni un paso atrás.