La vivienda constituye un pilar del bienestar social, como se recoge en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en una resolución del Parlamento Europeo en la que insta a los estados miembros a legislar para que las administraciones actúen, en función de sus competencias territoriales, para garantizar su acceso. Los ayuntamientos, por tanto, son decisivos para paliar las dificultades de acceso a la vivienda en el mercado privado, mediante el desarrollo de parques públicos de vivienda.

La ciudad de Almería no es ajena a este problema. Al igual que otras de España, existe una escasa oferta de vivienda a precio asequible, que está dificultando la emancipación de los jóvenes y el acceso a la vivienda de personas con rentas bajas o en situación de vulnerabilidad social.

Sin embargo, el Ayuntamiento cuenta con un potente instrumento para hacer frente a esta situación, el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, recientemente aprobado, en el que se anuncia la puesta en marcha un Plan de Promoción de la Vivienda Protegida, con precios limitados en función de los ingresos del comprador. Por ejemplo, 140.000 euros para una vivienda de 90 metros cuadrados útiles.

Para ejecutar dicho plan, la alcaldesa cuenta con la Empresa Municipal de la Vivienda 'Almería XXI', que debería construir vivienda a precios asequibles, pero que, contra todo pronóstico, pone a la venta pisos a importes superiores o similares a los del mercado libre. ¿Qué joven podría pagar 226.424 euros por un piso de 90 metros cuadrados? Eso es justamente lo que vale uno de los pisos que actualmente construye el Ayuntamiento frente a Carrefour y que, obviamente, está muy lejos de la recomendación de precios de  su propio Plan Municipal de Vivienda y Suelo.

Por eso hoy, desde el PSOE pedimos que se inste a la empresa municipal 'Almería XXI' a construir vivienda protegida a precios asequibles, que evite un esfuerzo financiero excesivo a las familias, tanto para la venta como para el alquiler, teniendo en cuenta los ingresos netos y las características particulares de cada solicitante con el objetivo de que la cuota de la hipoteca o la mensualidad no supere el 30 por ciento de los ingresos de la unidad familiar.

Nuestro ayuntamiento puede y debe jugar un papel fundamental en la solución a este problema e intervenir de forma positiva para garantizar el acceso a la vivienda a los almerienses. Pero que actúe ya.