FECHA DEL PLENO: 09/10/2017
 
PONENTE DE LA MOCIÓN: PEDRO DÍAZ
 
RESULTADO DE LA VOTACIÓN: UNANIMIDAD
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 
Los Tratados Internacionales, la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía para Andalucía y las leyes de desarrollo establecen que la educación es un derecho fundamental de la persona. Además, la educación es un bien público porque, gracias a ella, nos desarrollamos como personas, contribuyendo a la mejora de la sociedad y permitiendo forjar individuos capaces, con plena autonomía intelectual y moral. Similar protección y relevancia jurídica adquiere el derecho a una formación adecuada orientada a la consecución y ejercicio de un empleo digno. Ambas realidades, educación y empleo, se manifiestan como fundamentales en el desarrollo del individuo independiente y libre.
 
En lo referente al derecho a la educación de las personas con discapacidad, adquiere especial relevancia la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que, en su artículo 24, asegura su ejercicio sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, dirigido a asegurar un sistema de educación inclusivo a todos los niveles.
 
La educación inclusiva permite desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima, así como reforzar el respeto por la diversidad humana; desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad; y hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre. Se hace imprescindible que se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión, para que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación y a la formación, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás.
 
 
La reciente Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía positiviza la protección del derecho a la educación de las personas con discapacidad, entendiendo que una mayor inclusión aportará calidad a la educación, en términos de la riqueza, el pluralismo y diversidad dentro del respectivo sistema. Ejes troncales del desarrollo del derecho a la educación en la citada Ley son la colaboración del alumnado y de las personas con discapacidad con las entidades representativas para el desarrollo de programas de atención educativa y extraescolares, así como el fomento de actuaciones de concienciación que potencien una imagen positiva de las personas con discapacidad. Hace, asimismo, mención expresa esta Ley a que las administraciones públicas de Andalucía realizarán convocatorias específicas de becas y ayudas económicas individuales para garantizar la igualdad del alumnado con discapacidad.
 
Las estadísticas ponen de manifiesto que los años de crisis y recortes se han cebado en mayor medida con el sistema de atención a la diversidad, que abarca los programas más compensadores para los alumnos con mayores dificultades. No es ajena a esta realidad la población infantil y juvenil en edad escolar con alguna discapacidad en Almería, que representa alrededor del diez por ciento del total del alumnado que cursa sus estudios en los centros educativos de la ciudad. Asimismo, se estima que para las familias, la crianza y desarrollo de un hijo con discapacidad supone un incremento en más de un tercio del gasto total con respecto a la media.
 
La presente Moción tiene como objeto apoyar el desarrollo y culminación de la etapa educativa de los niños y jóvenes con discapacidad que cursan sus estudios en centros de la ciudad de Almería. Desde el reconocimiento de que no se trata de una competencia exclusiva municipal, pero sí en la convicción de que la administración local, por ser la más cercana al ciudadano, puede y debe ayudar en el ejercicio de sus competencias, atendiendo a los recursos disponibles, consideramos que el Ayuntamiento debe sumarse al resto de programas desarrollados por otras administraciones.
 
Junto a la educación, otro de los elementos imprescindibles en el desarrollo de las personas con discapacidad es el derecho al trabajo que garantice disfrutar de una vida libre e independiente. Al igual que sucede con la educación, el artículo 27 de la Convención de los Derechos de las Personas con discapacidad reconoce el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás. La mencionada Ley de Discapacidad de Andalucía determina que las administraciones públicas velarán, en el ámbito de sus competencias, por el cumplimiento de la igualdad de oportunidades en el empleo y en la formación, estableciendo la posibilidad de acceder a becas y ayudas, con el objeto de posibilitar su participación en programas de formación profesional para el empleo.
 
Las estadísticas relativas al mercado de trabajo de las personas con discapacidad son demoledoras. Alrededor del diez por ciento de las personas en edad de trabajar tiene alguna discapacidad y solamente una de cada cuatro tiene trabajo, encontrándose el resto en situación de inactividad, lo que constituye un problema estructural y, tal vez, el mayor reto que tienen por delante tanto los poderes públicos como las organizaciones que trabajan por la inclusión laboral.
 
Como regla general, el nivel formativo más representativo de las personas con discapacidad contratadas, es el de Enseñanza Secundaria Obligatoria, si bien es aún muy alto el porcentaje de personas con discapacidad paradas que no han obtenido ninguna titulación oficial. Las diferencias salariales, las barreras de formación, los perfiles profesionales a los que acceden estas personas, el incumplimiento de la obligación legal de reserva de cuota de plantilla para personas con discapacidad en las empresas, aconsejan trabajar en mejorar la cualificación profesional, a fin de facilitar la contratación de trabajadores con discapacidad.
 
El objetivo debe ser fomentar la idea de la rentabilidad y el retorno social de la inversión, así como incentivar al sector privado para contratar personas con discapacidad, desde la necesidad de generar conocimiento sobre el beneficio potencial que las personas con discapacidad pueden aportar a la sociedad almeriense mediante su trabajo. 
 
La realización de prácticas académicas externas para alumnos con discapacidad de Bachillerato, ciclos formativos de Formación Profesional o de grados y másteres universitarios a quienes se facilite su acceso a una primera experiencia laboral; complementar la formación de estos estudiantes, acercándoles al ámbito profesional; facilitarles una primera experiencia laboral y, al mismo tiempo, reforzar el compromiso de las empresas en la contratación de personas con discapacidad, así como facilitar la intermediación con las empresas, incentivándolas a la contratación de personas con discapacidad, deben ser objetivos en los que se implique también este Ayuntamiento. 
 
Todo ello para avanzar en las oportunidades de empleo del colectivo, insistiendo en el reconocimiento de que no se trata de una competencia exclusiva municipal, pero sí en la convicción de que el Ayuntamiento de Almería debe ser un agente fundamental para favorecer la inclusión profesional de las personas con discapacidad.
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, desde el Grupo Municipal Socialista se solicita la adopción de los siguientes
 
 
ACUERDOS
 
1º.- Puesta en marcha de un fondo de ayudas al estudio, dirigido a estudiantes que tengan reconocido algún grado de discapacidad, que cursen sus estudios en los centros educativos de la ciudad.
 
2º.- Establecimiento de un programa de becas para la realización de prácticas en empresas, destinado a estudiantes con discapacidad de Bachillerato, ciclos formativos de Formación Profesional o de grados y másteres universitarios.
 
FECHA DEL PLENO: 9/10/2017
 
 
El Ayuntamiento de Almería aprobó su adhesión a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE), mediante acuerdo plenario el 8 de junio de 2009, cuya incorporación se hizo efectiva el 21 de enero de 2011. Sin embargo, tres meses más tarde, el 29 de abril de ese mismo año, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó solicitar su baja como miembro de dicha red internacional.
 
Fundada en 1994, la AICE es una asociación sin ánimo de lucro, constituida como una estructura permanente de colaboración entre los gobiernos locales comprometidos con la Carta de Ciudades Educadoras, que es la hoja de ruta de las ciudades que la componen, y que tiene como base de trabajo el impulso educativo de las ciudades, en el convencimiento de que el desarrollo de sus habitantes no puede dejarse al azar.
 
Entre los objetivos de esta red solidaria por la educación se encuentran el de reclamar la importancia de la educación en la ciudad, poner de relieve las vertientes educativas de los proyectos políticos de las ciudades asociadas, promover, inspirar, fomentar y velar por el cumplimiento de los principios recogidos en la Carta de Ciudades Educadoras en aquellas ciudades miembro, así como asesorar e informar a los municipios que la integran sobre el fomento e implantación de dichos principios.
 
Además, las ciudades que participan en esta red pueden relacionarse y colaborar con organizaciones internacionales, estados, entidades territoriales de todo tipo, de manera que la AICE sea se convierte en un interlocutor válido y significativo en los procesos de influencia, negociación, decisión y redacción.
 
Establecer relación y colaboración con otras asociaciones, federaciones, agrupaciones o Redes Territoriales, en especial, de ciudades, en ámbitos de acción similares, complementarios o concurrentes, es otro de sus objetivos, junto con el de cooperar en todos los ámbitos territoriales en el marco de los fines de la Asociación.
 
Asimismo, la AICE tiene como objetivos los de impulsar la profundización del concepto Ciudad Educadora y sus aplicaciones concretas en las políticas de las ciudades, a través de intercambios, encuentros, proyectos comunes, congresos y todas aquellas actividades e iniciativas que refuercen los lazos entre las ciudades asociadas, en el ámbito de las delegaciones, Redes Territoriales, Redes Temáticas y otras agrupaciones.
 
Cualquier gobierno local que acepte este compromiso puede convertirse en miembro activo de la asociación, con independencia de sus competencias administrativas.
 
Al cierre del ejercicio 2016, el número de miembros de la asociación ascendía a 488 ciudades de 36 países de todos los continentes, de los que 184 corresponden a municipios y ciudades españolas. Entre las ciudades andaluzas que pertenecen a dicha red se encuentran Málaga, Córdoba, Sevilla y Cádiz, junto a municipios como Lucena o Chiclana, así como del resto de España, como Madrid, Murcia, Alicante, Bilbao, San Sebastián, Pamplona, Gijón, Oviedo, Lugo, Orense, Vigo, Pontevedra, Santiago de Compostela, Zaragoza, Barcelona o Tarragona. En la provincia de Almería, localidades como Vícar, Adra y Roquetas de Mar, han entendido la importancia de pertenecer a dicha red y ya han comenzado a dar sus primeros pasos.
 
Pertenecer a esta red ha permitido a estas ciudades y municipios desarrollar experiencias de aprendizaje y servicio para la cohesión social, prevención del absentismo y el fracaso escolar, desarrollar planes contra el acoso escolar, llevar a cabo programas de educación artística para la cohesión social, o implantar iniciativas en las que se unen los conceptos de ciudad educadora con turismo sostenible.
 
Como ejemplos cabe destacar el de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz),donde gracias a la incorporación en esta red, podrá recibir el apoyo y la experiencia de otros lugares, dentro y fuera de nuestras fronteras, para mejorar la educación integral de todos sus habitantes, no solo niños y jóvenes, sino de todos sus habitantes, sea cual sea su edad. Igualmente es importante el trabajo que se está llevando a cabo en Chiclana (Cádiz) donde las experiencias que proporciona la Red de Ciudades Educadoras les ha permitido poner en marcha un Aula Municipal de Intervención Socioeducativa. Igualmente, en Málaga, se ha puesto en marcha el Programa Educativo Municipal 'Educar para la convivencia', y en   Hospitalet de Llobregat, han desarrollado un programa de 'aprendizaje-servicio' -lo que se conoce como servicios a la comunidad- como herramienta de convivencia, cohesión social y participación.
 
Desde el Grupo Municipal Socialista se ha solicitado al equipo de gobierno del Ayuntamiento reiteradamente el expediente y los informes en base a los cuales el concejal-delegado del Área de Economía, en el año 2011, aprobó la baja del Ayuntamiento de Almería en la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras,sin que aún se nos haya remitido.
 
Además, este asunto despertó el malestar en colectivos relacionados con la enseñanza, como la Federación de Asociaciones de Familias del Alumnado de Centros de Educación Pública de Almería (FAPACE). En el propio Consejo Social de la ciudad de Almería, el 26 de octubre de 2016, se formuló un ruego reclamando la reincorporación a dicha red, que aún sigue sin respuesta por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento, igual que las reiteradas peticiones formuladas por el Grupo Municipal Socialista en este sentido.
 
Por ello, desde el Grupo Municipal Socialista formulamos la siguiente petición:
 
1º.- Que el Ayuntamiento de Almería inicie las gestiones oportunas al objeto de que la ciudad vuelva a formar parte de la Red de la Asociación de Ciudades Educadoras con el objetivo de que las políticas municipales de esta ciudad tengan en cuenta las necesidades socio-educativas de sus habitantes.
 
FECHA DEL PLENO: 04/09/2017
 
PONENTE DE LA MOCIÓN: MANUEL VALLEJO
 
RESULTADO DE LA VOTACIÓN: APROBADA POR UNANIMIDAD
 
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El Catálogo de Barrios Vulnerables elaborado por el Ministerio de Fomento (Gobierno de España) desde el año 1991 certifica, a partir de un detallado estudio del nivel socioeconómico de las poblaciones objeto de estudio, que pese a que han existido mejoras en determinados barrios de la capital, existen otros que siguen soportando el peso de la vulnerabilidad social y todo lo que ello conlleva: Altas tasas de desempleo, baja cualificación académica, desestructuración familiar, pobreza...
 
Este documento, que viene a refrendar desde un punto de vista académico lo que es fácilmente reconocible en un paseo por diferentes barrios de Almería y la realidad que trasladan los servicios sociales del Ayuntamiento, se convierte en otro elemento más que llama la atención sobre la imperiosa necesidad de que el equipo de gobierno de este Consistorio tome conciencia de la dimensión territorial de la desigualdades y la pobreza para, a partir de ahí, desarrollar estrategias que permitan equilibrar las desigualdades y desajustes existentes entre los distintos barrios de esta capital.
 
 
En ese sentido, resulta fundamental considerar la intervención socio-educativa, ya que se trata de uno de los principales instrumentos con los que se cuentan para atajar las situaciones de desigualdad anteriormente descritas. A estas alturas resulta, sin duda, necesario que se diseñen, planifiquen, gestionen y desarrollen actividades de intervención socio-educativa en los diferentes barrios vulnerables comenzando, en una primera intervención, por el de Pescadería-La Chanca según evidencian los indicadores tenidos en cuenta en el estudio realizado por el Ministerio de Fomento.
 
Dentro de esta línea de intervención cabe destacar el papel esencial que juegan los educadores sociales, que tienen como ámbito de intervención propia, generalmente en ámbitos con graves déficits sociales, económicos y familiares, tanto la educación ambiental y para la convivencia como la orientación familiar. Además, cumplen con la función específica de generar procesos de enseñanza-aprendizaje significativos para las personas, que posibilitan el desarrollo individual, familiar y/o colectivo a través de acompañamientos y de orientación, y actúan como mediadores a nivel social, cultural y colectivo. 
 
Teniendo en cuenta esa capacidad profesional, que con anterioridad ha sido aprovechado en este Ayuntamiento con acciones en la calle, se hace necesario el refuerzo de esta figura. La misma aparece recogida en el funcionamiento de los equipos profesionales de los diferentes centros de servicios sociales de la capital pero, en la actualidad, con un número totalmente insuficiente, tan solo seis educadores sociales, como para poder hacer frente a la ingente tarea a la que a diario tienen que hacer frente.
 
En ese sentido, la figura de los educadores sociales tiene que realizar un trabajo coordinado dentro de los centros de servicios sociales con otros profesionales como los trabajadores sociales y los animadores socio-culturales, colectivos también con un claro déficit de plantilla dentro de la estructura municipal. Por lo tanto, la atención con un programa específico de educadores sociales debe de llevar aparejada, como desde el Grupo Socialista se ha solicitado en diferentes ocasiones en sede plenaria, un aumento del número de trabajadores sociales y animadores socio-culturales para poder cumplir con los objetivos marcados.
 
Por todas estas razones, desde el PSOE instamos a la aprobación de los siguientes
 
 
ACUERDOS
 
  1. Diseño y puesta en marcha de un programa específico de educadores sociales en la calle, especialmente para atender a población infantil y juvenil en barrios con mayor vulnerabilidad.
  2. Implementación de la plantilla de educadores sociales en número progresivo y suficiente como para hacer frente a una población cercana a los doscientos mil habitantes con los que cuenta Almería. Al mismo tiempo los trabajadores sociales y animadores socio-culturales también deberán ver atendidas sus necesidades de mayor plantilla dentro del Ayuntamiento de Almería teniendo en cuenta la labor coordinada y conjunta que tienen que desarrollar con los educadores sociales para el cumplimiento de los objetivos sociales señalados.
 
FECHA DEL PLENO: 03/07/2017
 
PONENTE DE LA MOCIÓN: CONSUELO RUMÍ
 
RESULTADO DE LA VOTACIÓN: APROBADA, PSOE, IU Y PP A FAVOR, CS SE ABSTIENE.
 
 
Exposición de Motivos.
 
Dentro del conjunto de medidas adoptadas con carácter excepcional y temporal para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en relación con los límites máximos de déficit y endeudamiento fijados por la Administración del Estado, y el RDL 20/2011 y la Ley 2/2012 de Presupuestos Generales del Estado para 2012, el Ayuntamiento de Almería viene aplicando desde el año 2012 una jornada para el personal empleado público de treinta y siete horas y media semanales de promedio en cómputo anual, habiéndose desarrollado esta medida bajo diferentes formas en todo el ámbito de competencia municipal.
 
La recuperación de la jornada laboral de treinta y cinco horas, cuya implantación fue fruto de la negociación colectiva, es una decisión política que debe enmarcarse, pues, como el primer paso de un proceso de recuperación global de aquellos derechos que fueron recortados al personal empleado público, dándose con ella respuesta a las necesidades de este personal y a sus expectativas de profundizar en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Al mismo tiempo, esa recuperación de la jornada de 35 horas contribuiría a la creación de empleo, con el fin de que la efectiva implantación de esta medida no afecte a los servicios públicos, ni merme la calidad de su prestación. El desempleo sigue siendo el principal problema que tiene la sociedad almeriense y, por ello, todas las acciones y medidas que conduzcan a combatirlo, como esta analizada, deben de considerarse prioritarias.
 
La jornada laboral de treinta y siete horas y media, junto con las demás medidas que se adoptaron, ha estado vinculada y ha dependido directamente de la situación económica concreta existente en el momento de su implantación, que ha condicionado asimismo su mantenimiento. Dichas medidas fueron establecidas con carácter coyuntural como medidas de política económica, no justificándose en la actualidad en la necesidad de contención de gasto público ni en la de ahorro económico, ante la suficiencia financiera actual con la que el Ayuntamiento de Almería puede garantizar la recuperación de la jornada de treinta y cinco horas, sin afectación del cumplimiento de sus obligaciones de sostenibilidad financiera y equilibrio presupuestario.
 
Lo que fue en su día la aplicación extraordinaria de una medida coyuntural requiere hoy de una medida urgente para restablecer los derechos suspendidos al personal empleado público, así como para favorecer la creación de empleo y garantizar una efectiva prestación del servicio público. 
 
La recuperación de derechos perdidos por parte de los trabajadores públicos del Ayuntamiento de Almería es la constatación fehaciente de una apuesta por los servicios públicos y los trabajadores que los prestan, ya que son éstos una herramienta indispensable para la atención a la ciudadanía y una garantía de prestación de unos servicios públicos de calidad.
 
En ningún caso se pretende que las 35 horas pueda suponer recortes en la prestación de otros servicios municipales. Por ello, se propone al Estado que modifique las normas necesarias para que la aplicación de las 35 horas no sea computable a los efectos de establecer el límite del gasto no financiero.
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se solicita la adopción de los siguientes
 
ACUERDOS
 
  • Instar al Gobierno de España a la eliminación de la jornada laboral de 37,5 horas semanales para todas las administraciones con el fin de recuperar la jornada ordinaria de 35 horas semanales de promedio en cómputo anual para el conjunto del personal empleado público del ámbito del Ayuntamiento de Almería, así como dar traslado de dicha medida a los órganos de administración de las Empresas Municipales y Organismos Autónomos para la consiguiente extensión de dicha medida.
  • Dar traslado de este acuerdo tanto a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias como a la Federación Española de Municipios y Provincias, e instar a sus órganos de dirección a impulsar en sus ámbitos respectivos la interlocución necesaria con las Administraciones Públicas para la recuperación de derechos laborales en el sector público, así como una apuesta firme por la creación de empleo público en aras a garantizar la prestación de servicios públicos de calidad.
 
 
FECHA DEL PLENO: 03/07/2017 
 
PONENTE DE LA MOCIÓN: ADRIANA VALVERDE
 
RESULTADO DE LA VOTACIÓN: NO APROBADA. PSOE E IU A FAVOR, PP EN CONTRA, CS SE ABSTIENE
 
 
Exposición de Motivos
 
En el año 2008 se empezó a aplicar la Ponencia de Valores Inmobiliarios del municipio de Almería, redactada por el Centro de Gestión Catastral en el año anterior y aprobada por este Ayuntamiento, como base para recaudar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
 
Como es bien sabido, en 2007, año que sirvió de base para determinar los valores catastrales de nuestro municipio, la llamada “burbuja inmobiliaria” estaba en su punto más alto, por lo que la valoración que se hizo de los inmuebles de naturaleza urbana fue, aunque acorde a los precios de mercado del momento, desproporcionada para la realidad que después hemos tenido.
 
Efectivamente, desde el año 2007 y hasta la actualidad, los precios medios de las viviendas, tanto en Almería como en el resto de España, han sufrido una depreciación galopante, llegando a venderse hoy en día a menos de la mitad del precio de aquel año.
 
Procede, por lo tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 28/2, del Real Decreto Ley 1/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, el inicio del procedimiento de valoración colectiva de los bienes inmuebles, a instancia del Ayuntamiento, ya que existen diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes.
 
De conformidad con el artículo 28.3.a), de dicho texto legislativo, transcurridos al menos cinco años de la entrada en vigor de los valores catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general, se podrá solicitar a la Dirección General del Catastro la revisión de los valores. Esa revisión habrá de ser obligatoria a partir de los diez años de la elaboración de la última ponencia.
 
En febrero de 2016, el Grupo Municipal Socialista presenta ante el Pleno del Ayuntamiento de Almería una moción en la que, basándose en los argumentos anteriormente expuestos, se proponía como acuerdo solicitar a la Dirección General del Catastro el inicio de la revisión general de los valores catastrales del municipio de Almería. Dicha moción fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos, incluido el Partido Popular, que, sin embargo, la ha incumplido negándose sistemáticamente a solicitar dicha revisión. 
 
Por otro lado, en diciembre de 2016, ante el inminente inicio del ejercicio 2017 con los Presupuestos Generales del Estado de 2016 prorrogados y la imposibilidad, por tanto, de aprobar los coeficientes de actualización de los valores catastrales para 2017 vía presupuestos, el Gobierno de España aprueba el  Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, en virtud del cual, nuestro Ayuntamiento podía acogerse a una bajada lineal del 8%. 
 
El Ayuntamiento de Almería, en efecto, solicita aplicar a los valores catastrales de la ciudad dicho coeficiente del 8%, lo que teniendo en cuenta la fecha de aprobación de nuestra ponencia de valores, hubiese significado una bajada real de dicho porcentaje en los recibos del IBI. 
 
Sin embargo, el equipo de gobierno del PP, desecha esta posibilidad y plantea una modificación de la ordenanza fiscal que regula el Impuesto de Bienes Inmuebles, en la que se sube el tipo impositivo municipal del 0,46 al 0,49, lo que supone, a efectos prácticos, amortiguar la bajada del 8% planteada por el Decreto estatal para que finalmente dicha bajada solo alcance un pírrico 1,5%. 
 
Consideramos, por tanto, claramente insuficiente la bajada del 1,5% del Impuesto de Bienes Inmuebles, máxime en un Ayuntamiento que, por un lado, afronta el ejercicio presupuestario 2017 con 26,6 millones de superávit producto de la incapacidad del equipo de gobierno del PP de invertir en las necesidades de la ciudad los impuestos que recauda. 
 
Por otro lado, cabe recordar que Almería se sitúa en los primeros puestos de la lista de municipios con uno de los IBI más altos de España, a lo que se tendría que sumar otros impuestos como el de circulación o el de actividades económicas que también se pueden encontrar entre los más caros dentro de la media nacional. 
 
Por todo esto, entendemos que es el momento de afrontar una revisión de nuestra fiscalidad, que la haga más progresiva y justa.
 
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone la adopción de los siguientes
 
 
ACUERDOS
 
  • Dar cumplimiento a la moción aprobada en febrero de 2016, a propuesta del Grupo Municipal Socialista, y aprobada por unanimidad, y solicitar de la Dirección General del Catastro, el inicio de la revisión general de los valores catastrales del municipio de Almería en virtud del artículo 28 de la Ley del Catastro Inmobiliario. Este artículo permite iniciar dicho trámite o cuando hayan transcurrido, al menos,  cinco años de su entrada en vigor si existen diferencias sustanciales entre los valores del mercado actuales y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes o cuando hayan transcurrido diez años, en cuyo caso, la Ley determina que dicha revisión debe realizarse con carácter obligatorio. 
  • En tanto en cuanto se finalice la revisión de dicha ponencia de valores, aplicar a los valores catastrales de la ciudad el coeficiente del 8% autorizado por el Real Decreto 3/2016 de 2 de diciembre de 2016, devolviendo, a su vez, el tipo impositivo municipal al 0,46, de modo que la bajada de los recibos sea realmente del 8% en 2018, en lugar del 1,5% progresivo planteado por el equipo de gobierno del Partido Popular.  
  • Constituir una comisión de expertos que estudie los cambios necesarios en las ordenanzas fiscales de carácter municipal con el objetivo de configurar una fiscalidad más justa y progresiva. 

 

FECHA DEL PLENO: 31/07/2017

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 
El agua es un recurso fundamental y necesario para el sector agrícola. El déficit de agua en nuestra provincia, para el que se viene reclamando una solución desde hace años por parte del campo almeriense, se ha visto agravado en los últimos meses como consecuencia de la resolución autonómica que denegaba la autorización provisional de las aguas depuradas hasta tanto no se obtuviera la correspondiente concesión de agua, supervisada y conforme a lo determinado por el juzgado.
 
Derivada de esa situación, 3.000 hectáreas de cultivo están sin agua, impidiendo que los agricultores puedan iniciar una campaña que está hoy más que nunca en riesgo. 
 
Solo en el término municipal de Almería son más de 15.000 las personas que viven directamente de la agricultura, muchas de ellas cabeza de familia y responsables de pequeñas y medianas empresas vinculadas con el campo. 
 
Una situación sobre la que el Ayuntamiento no puede permanecer ajeno y que ha llevado, en su caso, a ofrecer a los regantes disponer del agua procedente de la desaladora para el riego de sus cultivos. Siendo un recurso adicional, consideramos que no es la mejor de las soluciones, argumentando esta posición en varias circunstancias:
 
  • En primer lugar, porque los costes son mayores - más del doble que el agua regenerada -, lo que sin duda repercute en la rentabilidad de la producción.
  • Segundo, tampoco es un agua óptima para el tipo de cultivo que se desarrolla en el campo almeriense.
  • Y tercero, su uso está limitado a un tiempo máximo de dos años, además de no ser la mejor opción desde el punto de vista de la sostenibilidad medioambiental, puesto que se siguen arrojando al mar 14 hectómetros cúbicos de agua depurada. 
 
 
Por todo ello, se solicita al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería la adopción del siguiente ACUERDO:
 
  1. El Ayuntamiento de Almería se compromete a hacer todo lo que esté en su mano para poner a disposición de los regantes de Almería los recursos hídricos que necesitan para sacar adelante la campaña.
  2. Proceder, de forma urgente, a la firma del acuerdo con la CGUAD (Comunidad General de Usuarios de la Aguas Depuradas de la EDAR de Almería) para que los agricultores y regantes puedan disponer de agua desalada al precio mínimo del coste de producción que fije el Ayuntamiento de Almería, de forma temporal en las condiciones autorizadas, y con las garantías y fianzas mínimas para agilizar el uso y disposición de dicha agua.
  3. Convocar, para el mes de septiembre, el Consejo Municipal Agrario, a fin de comenzar el trabajo para que, tras un Pacto por el Agua, se establezca el ciclo integral del agua en la ciudad de Almería, y en el que se aborden las concesiones de uso terciario, agua desalada y agua depurada para los próximos años.
 
FECHA DEL PLENO: 31/07/2017
 
PONENTE DE LA MOCIÓN: MANUEL VALLEJO
 
RESULTADO DE LA VOTACIÓN: UNANIMIDAD
 
 
Exposición de Motivos
 
Las restricciones presupuestarias públicas llevadas a cabo desde el año 2011 han tenido como consecuencia que las asignaciones económicas para las políticas de cooperación al desarrollo, tanto en el ámbito de la Administración General del Estado como en el de los entes descentralizados (regionales y locales) hayan retrocedido a niveles del año 2000, en términos absolutos, y a niveles de 1989, en términos relativos (AOD neta/Renta Nacional Bruta). Destaca el caso particular del Ayuntamiento de Almería, que pasó de tener una reserva presupuestaria de 290.000€ en el año 2009, a darla por extinguida en los presupuestos presentados en el año 2013.
 
Entretanto se aprueba el V Plan Director de la Cooperación Española, para los años 2017-2020, las orientaciones que actualmente se siguen en los ámbitos nacionales y regionales, así como locales, son las que se establecieron en el aún vigente IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016, siendo el marco general de actuación los 17 objetivos de desarrollo sostenible determinados en la Agenda 2030, agenda internacional que desgrana los objetivos de la comunidad internacional en el periodo 2016-2030 para erradicar la pobreza y favorecer un desarrollo sostenible e igualitario.
 
El Gobierno de España ignora el llamamiento realizado por el Comité de Ayuda Oficial al Desarrollo de la OCDE que pidió en el último informe sobre la AOD española que se revirtiera el declive de esta política.
 
La Ayuda Oficial al Desarrollo, según la propuesta de Presupuestos Generales del Estado, ascenderá en 2017 a 2.450,72 millones de euros, el 0,21% de la renta nacional bruta. Se mantiene, por tanto, en niveles muy alejados del compromiso internacional de alcanzar el objetivo del 0,7%  y de la media europea AOD ejecutada que ha sido del 0,51% RNB.
 
La Comunidad Autónoma por su parte, consagra en su articulado como uno de sus objetivos básicos la cooperación “para contribuir al desarrollo solidario de los pueblos". Asimismo establece que "el pueblo andaluz participa de la solidaridad internacional con los países menos desarrollados, promoviendo un orden internacional basado en una más justa distribución de la riqueza", y que la "Comunidad Autónoma de Andalucía desplegará actividades de cooperación para el desarrollo en dichos países, dirigidas a la erradicación de la pobreza, la defensa de los derechos humanos y la promoción de la paz y los valores democráticos, particularmente en Iberoamérica, el Magreb y el conjunto de África". Igualmente establece que "la Junta de Andalucía impulsa y coordina las acciones exteriores de las Corporaciones locales, de los organismos autónomos y de otros entes públicos de Andalucía en materia de cooperación exterior, respetando la autonomía que en cada caso corresponda".
 
Gracias a la recuperación de la AOD correspondiente a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, que aumentan su contribución un 57% y 55% respectivamente, se mantiene la AOD en el 0,21%.
 
En el ámbito local, tanto en lo regulado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, como en lo aprobado en la Nueva Agenda Urbana de Quito, 2016, importantes agendas mundiales ambas que cuentan con el consenso de organismos internacionales y gobiernos nacionales, reconocen que será en el nivel territorial, en el nivel local, y con la participación de todos los actores del territorio (sociales, económicos, académicos, medios de comunicación) con un protagonismo especial de los gobiernos locales, donde se libren las principales batallas para la consecución de las más importantes metas de la cooperación al desarrollo.
 
Por ello, y trasladada la estructura que existe a nivel nacional y autonómico, deberá ser en el plano local el Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo con los países empobrecidos, el órgano máximo de participación democrática de las personas y/o entidades que, por cualquier circunstancia, estén relacionados con el ámbito de la Cooperación para el Desarrollo, Ayuda Humanitaria, Educación para el Desarrollo y Emergencias en relación a los países empobrecidos. 
 
En base a lo cuál, desde el PSOE consideramos que el Ayuntamiento de Almería debe asumir su parte de responsabilidad con los países en vías de desarrollo, mediante la financiación, en la medida de las posibilidades que el erario municipal y las necesidades de la ciudad permitan, de actividades que mejoren el nivel de vida de las personas que huyen de las hambrunas y de las guerras en sus países de origen, muchos de los cuales mueren en nuestras costas, tratando de alcanzar territorio europeo.
 
Además, desde el PSOE consideramos que el Ayuntamiento de Almería, como institución debe instar al Gobierno de España a cumplir sus compromisos internacionales, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y poner en marcha distintas actuaciones para mejorar la calidad de vida en todos los aspectos de los países más desfavorecidos, con el fin de erradicar la pobreza y crear un mundo más igualitario. 
 
Por ello, los concejales del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almería proponemos los siguientes
 
 
ACUERDOS
 
1. Puesta en marcha del Consejo Local de Cooperación al Desarrollo y dotación presupuestaria suficiente.
 
2. Instar al Gobierno Central a culminar la elaboración y puesta en marcha del V Plan Director de la Cooperación Española para los años 2017-2020
 
FECHA DEL PLENO: 30/05/2017
 
PONENTE DE LA MOCIÓN: JUAN CARLOS PÉREZ NAVAS
 
RESULTADO DE LA VOTACIÓN: NO APROBADA. PSOE  E IU VOTAN A FAVOR, PP Y C'S LO HACEN EN CONTRA.
 
 
Exposición de Motivos
 
Tras la presentación por parte del Gobierno de España de los Presupuestos Generales del Estado para el 2017, la sociedad almeriense ha comprobado cómo Almería ha sufrido un recorte brutal, de casi el 80%, respecto al año anterior siendo, en términos absolutos, la provincia con mayor decremento, en concreto 143,5 millones menos. Si nos fijamos en el ranking de todas las provincias españolas, Almería protagoniza el mayor descenso contemplado este año. 
 
Eso conlleva una disminución de las inversiones reales per cápita respecto a 2016, un parámetro en el que Almería también ostenta, desgraciadamente, el mayor decrecimiento a nivel nacional con 204,4 euros menos por habitante. En términos relativos se produce una disminución del 72,3%, llegando a las cifras vergonzantes de inversión por habitante de 78 euros a nivel provincial y de10 euros por habitante en la capital.
 
Lógicamente, estos datos provinciales nefastos para nuestros sectores productivos -especialmente en lo referente a la necesidad de infraestructuras e inversiones en materia hídrica- afectarán a una menor creación de empleo y de riqueza en la ciudad de Almería que, por otro lado, también sale mal parada en lo referente a los proyectos propios que le afectan dentro de las cuentas nacionales.
 
De ese modo, la capital reduce sus inversiones respecto a otros años, con ausencias clamorosas de partidas vitales para la ciudad y para su desarrollo en materia de infraestructuras -por ejemplo, la eliminación del paso a nivel de El Puche, la conexión del tren con el puerto o avances en el soterramiento de las vías del tren-, mejora y recuperación de playas -como las de Retamar-El Toyo y La Cañada- u otras actuaciones que, aunque no se pudieran desarrollar en un año, sí que deberían de contemplar partida en 2017 para empezar proyectos e inversiones plurianuales que se requieren.
 
Esta ciudad sale seriamente perjudicada con el planteamiento de presupuestos que ha puesto sobre la mesa el Gobierno de Rajoy, al igual que la provincia, lo que repercute no solamente en el presente, sino en las condiciones para afrontar el futuro en igualdad con otros territorios y con garantías de competitividad para nuestros sectores económicos fundamentales, tales como el turismo, los servicios o la agricultura. 
 
Por otro lado, es cierto que, finalmente y después de muchas falsas promesas y de la presión ejercida por la sociedad civil, vemos reflejadas partidas para la rehabilitación de la Estación de Renfe. Se trata esta de una noticia positiva, aunque no podemos olvidar que el inmueble debería de estar ya rehabilitado y que se podría haber evitado por parte del Gobierno central llegar al nivel de deterioro en el que se encuentra desde que el  anterior alcalde de la ciudad, Luis Rogelio Rogelio Rodríguez-Comendador, comenzara a enviar sus cartas de recordatorio al respecto tanto al Gobierno como a los respectivos ministros y ministras de Fomento que han formado parte de los diferentes ejecutivos.
 
Mención propia merece la necesidad de superar el aislamiento ferroviario al que nos vemos sometidos en los últimos años por inacción del Gobierno de España. Sin duda, resulta especialmente dramática la falta de consignación presupuestaria para la adjudicación de obras en diferentes tramos del AVE, sobre todo después del mazazo que ha supuesto que el ministro de Fomento del Gobierno del PP viniera hasta la capital para anunciarnos que se comenzará con la planificación de la Alta Velocidad desde cero y que se volverán a perder dos años, a los que hay que sumar los cinco en blanco que llevamos en este apartado, con ninguna inversión prevista.  
 
En ese sentido, hay que destacar que esta actuación repercute directamente en la ciudad y en el futuro soterramiento de las vías del tren, del que nada se sabe y que ha desaparecido por completo del discurso del propio alcalde de Almería, de los distintos ministros de Fomento y del Gobierno de España en su conjunto, en lo que parece la antesala a un adiós definitivo al proyecto. Esa realidad viene acompañada de la desaparición para 2017 de una partida económica que permitiera empezar la eliminación  del paso a nivel más peligroso de Andalucía y uno de los mas problemáticos de España, el de El Puche.
 
Ante esta situación, todos los sectores, asociaciones, empresarios, y el tejido social han expresado su rechazo unánime a unas cuentas que marginan a Almería capital y a la provincia. 
 
 
Por todo lo anteriormente, desde el Grupo Municipal Socialista se solicita la adopción de los siguientes
 
 
 
ACUERDOS
 
1) El Pleno del Ayuntamiento de Almería muestra su total rechazo y disconformidad con los Presupuestos Generales del Estado de 2017 para Almería, por ser unas cuentas que suponen un castigo, generan desequilibrio territorial y frenan nuestro futuro.
 
2) Instar al Gobierno de la Nación a que durante el trámite de enmiendas de los Presupuestos Generales del Estado, paso previo a la aprobación definitiva de los mismos, se corrija este desequilibrio y maltrato, incorporando las cuestiones pendientes que viene reclamando la sociedad almeriense tanto para la ciudad como para la provincia.
 
FECHA DEL PLENO: 30/05/2017
 
PONENTE DE LA MOCIÓN: MANUEL VALLEJO
 
RESULTADO DE LA VOTACIÓN: UNANIMIDAD
 
 
Exposición de Motivos.
 
El Ayuntamiento de Almería cuenta desde 1988 con una estructura fija de prestación de servicios sociales, tal y como exigía la Ley de Servicios Sociales que entró en vigor ese mismo año. Eso se traduce en una red de cuatro centros de servicios sociales repartidos en la capital, que atienden a los residentes en todos aquellos aspectos relativos a información, orientación, valoración y asesoramiento de las necesidades sociales que tengan.
 
Son muchos los cambios conceptuales y de modelo de prestación de servicios sociales registrados desde entonces, que han pasado básicamente de poner el acento en la cantidad de servicios prestados a destacar la calidad con la que se llevan a cabo los mismos. Pero, pese a ello, los servicios sociales municipales no han sido objeto de la revisión y evaluación necesaria para comprobar si se está actuando de acuerdo a esos principios de calidad. 
 
En ese sentido, cabe destacar que en el desarrollo de las principales normas estatales, autonómicas y locales -que van desde la Constitución Española (artículos 9.2 y 40.1) al Estatuto de Autonomía de Andalucía (artículos 15, 16 y siguientes), pasando por los Entes Locales (Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local)-, se recoge el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación entre las Administraciones Públicas para, desde sus competencias propias, garantizar una prestación de servicios sociales integral, continúa, de alta calidad y de acceso universal.
 
Para conseguir ese objetivo, la nueva Ley de Servicios  Sociales de Andalucía (Ley 9/2016, de 27 de diciembre) concreta los requisitos que debe contemplar un modelo de calidad de prestación de servicios sociales, estableciendo en su artículo 73.e) que “las entidades que configuran el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía tienen la obligación de colaborar y participar en los procesos de planificación en los términos en que estos se formulen (….), con criterios de máxima calidad y herramientas de acreditación”.
 
De igual forma, la misma normativa -en sus artículos 78.2.a) y 72.8.e)- establece que la calidad de los servicios sociales constituye un derecho de las personas usuarias y, en consecuencia, un objetivo prioritario, además de un deber por parte de las administraciones. Por ello, se debe  regular el fomento de la cultura de la calidad, así como la evaluación y acreditación de la misma dentro de los servicios sociales ofrecidos y de los centros desde los que se prestan. 
 
El Ayuntamiento de Almería no puede, por responsabilidad con quienes usan los servicios sociales, permanecer ajeno a esa evaluación continúa y a las mejoras contempladas en las diferentes normativas. Garantizar que los servicios sociales cuentan con la calidad pertinente es una tarea  que bien podría lograr este Ayuntamiento trabajando de manera coordinada con la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía que, desde octubre de 2016, certifica la atención que recibe la población usuaria.
 
La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, organización pública adscrita a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, cuenta con la triple certificación de la International Society for Quality in Health Care (ISQUA), una de las organizaciones mundiales de referencia en materia de certificación de calidad.
 
Con el proceso de certificación planteado, Almería podría convertirse en la primera capital de provincia andaluza y nacional que dispusiera de una acreditación de calidad de sus servicios sociales, sometiéndose para ello a un diagnóstico inicial a partir del que el Ayuntamiento se comprometería a seguir las recomendaciones a implantar para alcanzar los estándares requeridos. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se solicita la adopción del siguiente
 
 
ACUERDO
 
Que el Ayuntamiento de Almería solicite a la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía el inicio del proceso de acreditación de calidad de los cuatro centros de servicios sociales municipales. 
 
FECHA DEL PLENO: 27/04/2017
 
PONENTE DE LA MOCIÓN: JUAN CARLOS PÉREZ NAVAS
 
RESULTADO DE LA VOTACIÓN: UNANIMIDAD
 

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Almería hace suya la propuesta de moción de la Asociación de comerciantes de la Plaza de Pavía, relativa al cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento Pleno sobre el puente de la Avenida del Mar.

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