MOCIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE MEDIDAS DE APOYO AL ESTUDIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

 
FECHA DEL PLENO: 09/10/2017
 
PONENTE DE LA MOCIÓN: PEDRO DÍAZ
 
RESULTADO DE LA VOTACIÓN: UNANIMIDAD
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 
Los Tratados Internacionales, la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía para Andalucía y las leyes de desarrollo establecen que la educación es un derecho fundamental de la persona. Además, la educación es un bien público porque, gracias a ella, nos desarrollamos como personas, contribuyendo a la mejora de la sociedad y permitiendo forjar individuos capaces, con plena autonomía intelectual y moral. Similar protección y relevancia jurídica adquiere el derecho a una formación adecuada orientada a la consecución y ejercicio de un empleo digno. Ambas realidades, educación y empleo, se manifiestan como fundamentales en el desarrollo del individuo independiente y libre.
 
En lo referente al derecho a la educación de las personas con discapacidad, adquiere especial relevancia la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que, en su artículo 24, asegura su ejercicio sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, dirigido a asegurar un sistema de educación inclusivo a todos los niveles.
 
La educación inclusiva permite desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima, así como reforzar el respeto por la diversidad humana; desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad; y hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre. Se hace imprescindible que se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión, para que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación y a la formación, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás.
 
 
La reciente Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía positiviza la protección del derecho a la educación de las personas con discapacidad, entendiendo que una mayor inclusión aportará calidad a la educación, en términos de la riqueza, el pluralismo y diversidad dentro del respectivo sistema. Ejes troncales del desarrollo del derecho a la educación en la citada Ley son la colaboración del alumnado y de las personas con discapacidad con las entidades representativas para el desarrollo de programas de atención educativa y extraescolares, así como el fomento de actuaciones de concienciación que potencien una imagen positiva de las personas con discapacidad. Hace, asimismo, mención expresa esta Ley a que las administraciones públicas de Andalucía realizarán convocatorias específicas de becas y ayudas económicas individuales para garantizar la igualdad del alumnado con discapacidad.
 
Las estadísticas ponen de manifiesto que los años de crisis y recortes se han cebado en mayor medida con el sistema de atención a la diversidad, que abarca los programas más compensadores para los alumnos con mayores dificultades. No es ajena a esta realidad la población infantil y juvenil en edad escolar con alguna discapacidad en Almería, que representa alrededor del diez por ciento del total del alumnado que cursa sus estudios en los centros educativos de la ciudad. Asimismo, se estima que para las familias, la crianza y desarrollo de un hijo con discapacidad supone un incremento en más de un tercio del gasto total con respecto a la media.
 
La presente Moción tiene como objeto apoyar el desarrollo y culminación de la etapa educativa de los niños y jóvenes con discapacidad que cursan sus estudios en centros de la ciudad de Almería. Desde el reconocimiento de que no se trata de una competencia exclusiva municipal, pero sí en la convicción de que la administración local, por ser la más cercana al ciudadano, puede y debe ayudar en el ejercicio de sus competencias, atendiendo a los recursos disponibles, consideramos que el Ayuntamiento debe sumarse al resto de programas desarrollados por otras administraciones.
 
Junto a la educación, otro de los elementos imprescindibles en el desarrollo de las personas con discapacidad es el derecho al trabajo que garantice disfrutar de una vida libre e independiente. Al igual que sucede con la educación, el artículo 27 de la Convención de los Derechos de las Personas con discapacidad reconoce el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás. La mencionada Ley de Discapacidad de Andalucía determina que las administraciones públicas velarán, en el ámbito de sus competencias, por el cumplimiento de la igualdad de oportunidades en el empleo y en la formación, estableciendo la posibilidad de acceder a becas y ayudas, con el objeto de posibilitar su participación en programas de formación profesional para el empleo.
 
Las estadísticas relativas al mercado de trabajo de las personas con discapacidad son demoledoras. Alrededor del diez por ciento de las personas en edad de trabajar tiene alguna discapacidad y solamente una de cada cuatro tiene trabajo, encontrándose el resto en situación de inactividad, lo que constituye un problema estructural y, tal vez, el mayor reto que tienen por delante tanto los poderes públicos como las organizaciones que trabajan por la inclusión laboral.
 
Como regla general, el nivel formativo más representativo de las personas con discapacidad contratadas, es el de Enseñanza Secundaria Obligatoria, si bien es aún muy alto el porcentaje de personas con discapacidad paradas que no han obtenido ninguna titulación oficial. Las diferencias salariales, las barreras de formación, los perfiles profesionales a los que acceden estas personas, el incumplimiento de la obligación legal de reserva de cuota de plantilla para personas con discapacidad en las empresas, aconsejan trabajar en mejorar la cualificación profesional, a fin de facilitar la contratación de trabajadores con discapacidad.
 
El objetivo debe ser fomentar la idea de la rentabilidad y el retorno social de la inversión, así como incentivar al sector privado para contratar personas con discapacidad, desde la necesidad de generar conocimiento sobre el beneficio potencial que las personas con discapacidad pueden aportar a la sociedad almeriense mediante su trabajo. 
 
La realización de prácticas académicas externas para alumnos con discapacidad de Bachillerato, ciclos formativos de Formación Profesional o de grados y másteres universitarios a quienes se facilite su acceso a una primera experiencia laboral; complementar la formación de estos estudiantes, acercándoles al ámbito profesional; facilitarles una primera experiencia laboral y, al mismo tiempo, reforzar el compromiso de las empresas en la contratación de personas con discapacidad, así como facilitar la intermediación con las empresas, incentivándolas a la contratación de personas con discapacidad, deben ser objetivos en los que se implique también este Ayuntamiento. 
 
Todo ello para avanzar en las oportunidades de empleo del colectivo, insistiendo en el reconocimiento de que no se trata de una competencia exclusiva municipal, pero sí en la convicción de que el Ayuntamiento de Almería debe ser un agente fundamental para favorecer la inclusión profesional de las personas con discapacidad.
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, desde el Grupo Municipal Socialista se solicita la adopción de los siguientes
 
 
ACUERDOS
 
1º.- Puesta en marcha de un fondo de ayudas al estudio, dirigido a estudiantes que tengan reconocido algún grado de discapacidad, que cursen sus estudios en los centros educativos de la ciudad.
 
2º.- Establecimiento de un programa de becas para la realización de prácticas en empresas, destinado a estudiantes con discapacidad de Bachillerato, ciclos formativos de Formación Profesional o de grados y másteres universitarios.
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