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EL PSOE FUERZA AL ALCALDE A COMPROMETER FONDOS MUNICIPALES PARA MEJORAR EL SUELDO DE LA PLANTILLA DE AYUDA A DOMICILIO

 
Los socialistas instan al regidor a que “a la segunda vaya la vencida” y que, tras votar a favor, ponga policía permanente en oficinas de barrio
 
El PSOE en el Ayuntamiento de Almería ha forzado al alcalde, a partir de la defensa de una iniciativa en pleno para que las trabajadoras y trabajadores de ayuda a domicilio puedan tener un sueldo digno, a aceptar públicamente que se comprometan fondos municipales para la prestación de este servicio y, de ese modo, mejorar las condiciones salariales y laborales de esta plantilla. 
 
La concejala socialista Inés Plaza ha explicado que la propuesta socialista de cara a la nueva adjudicación del servicio a una empresa, y que ha sido asumida por el Partido Popular y aprobada por el resto de grupos políticos representados en el plenario, es que “se contemple la posibilidad de financiación con fondos propios del Ayuntamiento para la mejora de las condiciones laborales y salariales de las trabajadoras y trabajadores de la ayuda a Domicilio, y que se incluya en las cláusulas del pliego de contratación una serie de criterios de valoración para aquellas ofertas de empresas que contemplen mejoras en las condiciones laborales de la plantilla”.
 
Esa reivindicación de los socialistas pretende acabar con “la precariedad salarial” que vienen padeciendo desde hace diez años los 520 miembros de una plantilla que, formada en un 95 por ciento por mujeres y que atiende a unos 1.500 mayores y personas en situación de dependencia, ha estado esperando desde entonces a que los diferentes gobiernos municipales del Partido Popular movieran ficha para acabar con esa situación.  
 
La realidad es que, a jornada completa, los sueldos de la plantilla rondan los 800 euros y que, en un porcentaje alto, no llegan a esa cantidad porque trabajadoras y trabajadores prestan sus servicios durante media jornada o menos. Por ese motivo, solicitan para empezar unas subidas salariales de unos 50 euros mensuales hasta que, en cuatro años, puedan alcanzar los 1.000 euros de sueldo a jornada completa. 
 
Asimismo, desde la plantilla piden la aplicación de medidas como que, para evitar la precariedad laboral, no se realicen contratos por debajo de 20 horas semanales y que se traten de aumentar las jornadas laborales  a empleadas y empleados que llevan hasta nueve años trabajando entre 20 y 30 horas semanales. 
 
“¿Si el Ayuntamiento no da ejemplo, cómo se le va a pedir a las empresas que acaben con la precariedad laboral?”, se ha preguntado Plaza antes de apelar también a que desde el Partido Popular “se luche contra la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres” y, en consecuencia, deje de mantener en esas condiciones a un colectivo mayoritariamente femenino.
 
Sevilla o Córdoba ya colaboran
Así las cosas, la concejala ha remarcado que “lo que el Partido Popular dice que es tan difícil de hacer, no lo es. Solamente tienen que preguntar a Sevilla o a Córdoba, ya que esas ciudades completan la financiación que reciben por parte de la Junta de Andalucía para este servicio y pagan 16,60 euros por hora” para sostener el servicio frente a los menos de 13 euros en los que se encuentra este momento el Ayuntamiento de Almería. 
 
En ese sentido, Inés Plaza ha remarcado que la comunidad andaluza abona en estos momentos hasta 13 euros por el servicio que gestionan los municipios dentro de la Ley de Dependencia y que “no se le puede asfixiar más”. “El PP no tiene catadura moral” para hacerlo, ha subrayado, debido a que “la Junta financia prácticamente a pulmón la Ley cuando se tendría que hacer al 50 por ciento entre comunidad autónoma y Gobierno de España”.
 
En concreto, según reconoce la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales en un informe de enero, la aportación del Gobierno de Rajoy es del 17,4 por ciento, mientras que la de la comunidad autónoma de Andalucía es del 82,6 por ciento. Además, la Junta de Andalucía es la única comunidad “que no obliga a un copago de los servicios por parte de los ayuntamientos, lo que no significa que estos no lo puedan hacer”.  
 
Tras exponer esta situación, los socialistas han puesto el acento también en que para el alcalde “es un servicio del Ayuntamiento cuando le interesa –para hacerse fotos con la usuaria más longeva o para presentar junto a la empresa concesionaria diferentes actividades- y cuando no es de la Junta de Andalucía”. 
 
“¿Dónde estaba la Junta, por qué no la llama para esas cosas entonces”?, le ha cuestionado directamente Inés Plaza al regidor para, a continuación, recordarle que, si quisiera, podría incluso “gestionar la ayuda a domicilio desde el propio Ayuntamiento”, algo que no se plantea porque al PP “les gusta mucho tenerlo todo privatizado”.
 
Policía permanente en oficinas de barrio
Por otro lado, la concejala Consuelo Rumí ha sido la encargada de reclamar presencia permanente de la Policía Local en cada una de las oficinas de barrio –oficinas periféricas del Ayuntamiento- durante el horario de atención al público para evitar incidentes que ponen en peligro la seguridad de usuarios y trabajadores municipales.
 
Junto a ese punto de la segunda moción elevada a pleno por los socialistas, también se encontraba el refuerzo de la plantilla en los centros de La Cañada, Los Ángeles y Nueva Andalucía; que se cubran las vacantes, vacaciones, bajas y permisos a los que tengan derecho los empleados y que, de forma inmediata, se solventen las necesidades materiales que tienen estos espacios de atención a la ciudadanía.
 
La iniciativa ha contado con el voto a favor del resto de grupos políticos, algo por lo que Rumí se ha felicitado, pero deseando que, lejos de lo que ocurrió con otra moción socialista aprobada en octubre de 2015 por parte del alcalde y su equipo de gobierno, “a la segunda sea verdad que vaya la vencida” y se actúe como corresponde en las oficinas de barrio en todos esos apartados y, urgentemente, en el relativo a la seguridad.
 
En ese sentido, ha reprochado que el gobierno municipal solamente reaccione a golpe de denuncia pública del Grupo Socialista en este importante tema y que, lamentablemente, ni siquiera mantenga las medidas que anuncia para tratar de aparentar que hace algo. 
 
Y es que, según ha recordado Rumí, desde el PSOE “denunciamos, el pasado 22 de noviembre, el incidente que había sucedido en la oficina de Cabo de Gata, lo que provocó, el 24 de noviembre, una orden de servicio en la Policía Local para una vigilancia que fuera esporádica e itinerante en todas las oficinas periféricas”. 
 
No obstante, cuatro días más tarde, “se ordena vigilancia permanente en las oficinas de La Cañada, El Alquián y Cabo de Gata de 09.00 a 14.00 horas y se indica que el resto, en caso necesario, llame al 092” para que los agentes se trasladen. 
 
Siendo una medida insuficiente, ha desvelado la edil, “es que, encima, ya no se está haciendo”. En detalle, en el caso de la vigilancia permanente de 09.00 a 14.00 horas “solamente se ha cumplido en un mes, 9 días en La Cañada; 12 en El Alquián y 6 días en Cabo de Gata, con el agravante de que en este caso si no hay agente, la única empleada del centro se queda completamente sola”.
 
 “Los socialistas sabemos que hacen falta operativos en la Policía Local, pero ustedes –en referencia al Partido Popular- no aceptan nuestras propuestas”, ha proseguido antes de dirigirse directamente al alcalde para reclamarle que, para empezar, como “hay 5 policías locales como conductores de concejales del equipo de gobierno, dedíquenlos a la protección de trabajadores y usuarios” de las oficinas municipales en los barrios.
 
Eliminar nombre calle Crucero Canarias
Cabe destacar también entre los asuntos tratados en el pleno que los socialistas han incorporado, tras mostrar su apoyo a una moción de IU en defensa de la creación de un censo oficial de víctimas y desaparecidos en la carretera de Málaga-Almería y la colaboración del Ayuntamiento de la capital en los actos de conmemoración de La Desbandá, la petición al alcalde y su equipo de gobierno de eliminación del nombre de la calle Crucero Canarias y que el mismo gobierno local inste a la declaración de la mencionada carretera como Sendero de Memoria Democrática.
 
Cristóbal Díaz, concejal socialista, ha explicado que “aunque ya se han reconocido algunos lugares de memoria histórica en esta carretera”, es momento también de que desde el Ayuntamiento se solicite al gobierno andaluz “la inscripción de la misma como Sendero de Memoria Democrática de Andalucía, según el artículo 22 de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía”.
 
Pero, especialmente, ha reclamado al gobierno municipal del PP que, cumpliendo con la Ley de Memoria Histórica, cambie el nombre de la calle Crucero Canarias –ubicada en el barrio de El Tagarete-. Para los socialistas es inasumible que se siga manteniendo este homenaje al barco que por parte de las fuerzas sublevadas bombardeó la ciudad en 1936 y que fue, además, uno de los tres buques que bombardearon a la población civil durante La Desbandá. 
 
Aunque la moción inicial, con las dos incorporaciones socialistas incorporadas, ha salido adelante por unanimidad, el primer teniente de alcalde de la ciudad, Miguel Ángel Castellón (PP), se ha referido a la disposición del equipo de gobierno de eliminar la calle dedicada al Crucero Canarias, pero comparando esa actuación con la que también ha avanzado que el PP propondrá para quitar la dedicada a Dolores Ibárruri, La Pasionaria. 
 
Esa equiparación entre promotores de asesinatos y de un régimen totalitario y el de una dirigente que sufrió el exilio, además de ser después diputada en las primeras Cortes democráticas del país, resulta inadmisible y digna de reprobación para el Grupo Municipal Socialista.  
 
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